El PRI deja solo a Borge en Panamá; lo expulsa

junio 8, 2017
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«Por unanimidad, la Comisión de Justicia Partidaria del @PRI_Nacional ha expulsado a @robertoborge como militante de este partido». Así anunció el PRI nacional la expulsión de Roberto Borge quien hoy tiene su quinto día en la carcel en la Dirección de Investigación Judicial(DIJ) en Panamá.                       Tuvo que ser detenido y sujeto a proceso judicial para que el PRI se intentara lavar la cara con su nueva generación de militares a los que Peña Nieto calificó una vez de ejemplo nacional, «el nuevo PRI».   Le llueve sobre mojado a Roberto Borge; lo expulsan del PRI
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI anunció la expulsión del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por violar los principios éticos del tricolor.
Además, el presidente de esta comisión, Fernando Elías Calles, declaró al exmandatario aprehendido en Panamá, como persona non grata, por lo que ya no es bienvenido en ese instituto.
La decisión, explicó Elías Calles, se sustenta en los artículos 57 y 58 de los estatutos del partido, ya que con sus acciones como gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge desprestigió y dañó “severamente” el prestigio del PRI.
“(Sus acciones) entrañan una evidente desviación a los principios del partido, así como a las normas estatutarias”, declaró el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria en conferencia de prensa.
Por ello, Roberto Borge tampoco podrá volver a pedir su reafiliación al partido.
Minutos después, a través de su cuenta oficial en Twitter, el Revolucionario Institucional anunció la expulsión definitiva de sus filas del gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016.
La expulsión de Borge del PRI se da cuatro días después de que el exgobernador fuera aprehendido en el aeropuerto de Panamá, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando se disponía a viajar a Francia.
Ahora, el último gobernador priista de Quintana Roo deberá esperar tras las rejas la solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano, que tiene 60 días para ello.

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