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(La opinión Qr.).- Se trata de tres consejeros, entre ellos la presidenta Mayra San Román, acusados por violencia política de género en contra de la consejera Claudia Carrillo
El Instituto Nacional Electoral los emplazó, y les dio cinco días para presentar pruebas en contra de esas acusaciones
Es el segundo procedimiento de remoción que enfrentan; el otro es por uso indebido de las listas nominales
Es un golpe directo a lo que queda del borgismo, nada más y nada menos que en el órgano electoral del estado
El emplazamiento también incluye tres funcionarios del Ieqroo, y a los representantes del PRI, Panal y PT ante el organismo
Hugo Martoccia
El Instituto Nacional Electoral (INE) emplazó a tres consejeros y tres directores del Instituto Electoral del estado (Ieqroo) para que se defiendan de las acusaciones por violencia política política de género en contra de la consejera de ese mismo organismo, Claudia Carrillo Gasca.
El INE cumple así con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en enero pasado, en el juicio electoral SUP-JE-107/2016, para que el organismo electoral nacional investigue los 32 puntos que la consejera Claudia Carrillo había presentado para demostrar la violencia en su contra.
Con este emplazamiento, los consejeros del Ieqroo Mayra San Román Carrillo Medina, que es la consejera presidenta; Thalía Hernández Robledo, y Juan Manuel Pérez Alpuche, enfrentan un proceso ordinario sancionador, que podría concluir con su remoción.
En la misma situación están los funcionarios Alfredo Figueroa Orea, titular de Comunicación Social; José Luis González Nolasco, director de Partidos Políticos, y Luis Alberto Alcocer Anguiano, director de Organización.
También están incluidos los representantes de los partidos Armando Miguel Palomo Gómez, del Panal; Juan Alberto Manzanilla Lagos, del PRI, y Mauricio Morales Beiza, del PT.
El documento en cuestión fue emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, del Instituto Nacional Electoral, y se trata del Expediente 54/2016. Fue recibido en el Ieqroo este jueves 15 de junio.
El citado documento ordena emplazar a los consejeros, funcionarios y representantes de los partidos ya mencionados, “para que un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la legal notificación del presente acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga respecto a las conductas que se les imputan y aporten las pruebas que consideren pertinentes”.
Según el mismo documento, la acusación es por: “La supuesta realización de acciones dirigidas a menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político electorales de Claudia Carrillo Gasca, o de las prerrogativas inherentes al cargo público que ostenta como Consejera Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, conductas que a su juicio podrían constituir un presunto ejercicio de violencia política por razones de género, discriminación, aislamiento y acoso, así como por la probable violación a los principios de la función electoral, profesionalismo, independencia y autonomía”.
EL OTRO PROCESO ABIERTO
Los tres consejeros electorales mencionados, Mayra San Román Carrillo Medina, Thalía Hernández Robledo, y Juan Manuel Pérez Alpuche, más él consejero Jorge Armando Poot Pech, enfrentan otro proceso de remoción por la manipulación de las listas nominales de manera irregular.
En este caso, la denuncia dice que abrieron bodegas selladas antes de que concluyera el pasado proceso electoral, y tomaron indebidamente datos de los listados nominales.
Cualquiera de los dos procesos que avance y llegue a la destitución de los consejeros, sería un duro golpe para el remanente del borgismo en ese organismo.
EL ESTLIO DEL BORGISMO
Entre las muchas acusaciones que incluye la denuncia por violencia política, hay una que llama la atención.
Es el relato que hace la consejera Claudia Gasca de su encuentro con el entonces Presidente del Tribunal Electoral, Víctor Vivas Vivas.
La consejera dijo que sus compañeros denunciados la llevaron allí engañada, diciéndole que había un evento público, pero lo que había era una reunión para tratar de alinearla.
El hecho sucedió el 6 de noviembre de 2015, meses antes de las elecciones a gobernador. En la reunión, Víctor Vivas le dijo que su designación era gracias a él, al magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima Carvajal, y al entonces gobernador, Roberto Borge, “por lo que solicitaba su apoyo para beneficiar al PRI” en la elección de junio de 2016.
