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Chetumal, Quintana Roo; 26 de enero de 2018.-La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informa que el Juez de Control, autorizó la suspensión de la audiencia inicial programada para la tarde de hoy en contra de José Mauricio “N”, quien fue detenido el día de ayer por agentes de la Policía Ministerial.
El juez de Control autorizó el término de 24 horas, para reanudar la audiencia el día sábado 27 de enero a las 14:00 horas, para salvaguarda de la adecuada defensa por parte de los abogados de José Mauricio “N”.
Al indiciado se le relaciona con la carpeta administrativa 151/2017 es por el delito de desempeño irregular de la función pública por un monto de 594 millones de pesos.
Posponen audiencia de Góngora; se le acusó sólo de Vipsa
AGENCIA SIM
Chetumal.- Solamente una orden de aprehensión fue ejercida contra Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad, por el presunto desvío de recursos ocurrido en Vipsa, quedando pendientes aún los otros expedientes en su contra, derivados de su gestión como edil.
Así lo explicó Guillermo Pasquel Hernández, abogado defensor del ex candidato a gobernador, mismo que fue detenido ayer en Ciudad de México y que hoy permanece encarcelado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.
El defensor fue entrevistado después de la audiencia preliminar en los juzgados orales, que fue pospuesta por 24 horas para permitirles analizar los 44 tomos del expediente en contra de su cliente.
Pasquel Hernández aseveró que la detención de Góngora Escalante es un cobro de factura política y una acción de revancha para cumplir con una promesa de campaña.
“Tengan por seguro que, tarde o temprano, aunque nos lleve tiempo, demostraremos plenamente que es un montaje y una serie de hechos torcidos e interpretados indebidamente, para que la sociedad crea que se hace justicia”, aseveró.
“Esto no es justicia, es una arbitrariedad cometida por un cobro de factura política”.
El abogado comentó que el ex presidente municipal no estaba amparado.
Ante la posibilidad que la Fiscalía General del Estado solicite la prisión preventiva justificada, indicó que sería una interpretación torcida de la ley, que se supone está diseñada para proteger los derechos humanos.
