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La construcción de democracias sólidas y eficientes, de ciudadanías participativas y de instituciones transparentes es un asunto que lleva el ejercicio del deber todos los días. En los puestos claves que hagan rodar el andamiaje de nuestro sistema tienen que estar las personas calificadas e idóneas para ocupar tales cargos.
En Quintana Roo existen diversas dificultades para construir un Sistema Nacional Anticorrupción eficiente, uno de estos problemas son los contrapesos institucionales sólidos, transparentes.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción envió una recomendación no vinculante a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura del estado.
La iniciativa pide que se incentive la selección de jueces y magistrados a través de concursos o exámenes de oposición de las personas que aspiran a dichos cargos.
Los jueces y magistrados son piezas claves en la eficiencia de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) funcional para la sociedad. Es por ello la importancia de que los nombramientos se hagan con criterios claros, transparentes y que lleguen las personas idóneas, calificadas. El Congreso del Estado aceptó el compromiso de promover las adecuaciones legales pertinentes, dentro del actual periodo ordinario de sesiones. Tanto para el SNA como para los ciudadanos es muy importante saber quiénes son los magistrados anticorrupción. Actualmente no sabemos si cubren los perfiles. No sabemos cuáles son los criterios por los que fueron presentados en esa lista.
La selección de jueces y magistrados se desarrolle a través de concursos o exámenes de oposición en los que se privilegie la aptitud, capacidad, profesionalización y excelencia de las personas que aspiran a dichos cargos, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La insistencia de las organizaciones de la sociedad civil y la insistencia del Comité de Participación Ciudadana es que estos nombramientos atiendan criterios claros, transparentes y que las personas idóneas y mejor calificadas lleguen a esos puestos.
Aunque la recomendación que emite la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción está dirigida a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas, el diputado Eduardo Martínez Arcila consideró que también deben considerarse al Poder Judicial del Estado, toda vez que es en el Consejo de la Judicatura donde recaen las principales facultades para elegir a los jueces. “Debido al respeto que debe existir entre poderes, esta comisión instalará mesas de trabajo con el Poder Judicial, para que, de manera coordinada entre ambos poderes, podamos ver las adecuaciones legislativas para garantizar estos procedimientos para el nombramiento de los jueces”, puntualizó.
Con dicha recomendación se busca que el proceso de selección, implementado por la comisión de selección, cumpla con los más altos estándares y criterios de transparencia y que sean un ejemplo en cuanto a las designaciones abiertas.
Para la selección de los magistrados, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos informará al Sistema Nacional Anticorrupción, indicó que los procedimientos de selección para estos cargos guardan simetría con la Constitución local y la Federal.
La corrupción es un problema muy grave, afecta tanto a la economía del país, a las instituciones, a la confianza que deben tener los ciudadanos en las instituciones de gobierno. El tema de la corrupción debe estar en el centro del debate nacional, el debate político y electoral.
