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Mario Villanueva se queja con AMLO : Por qué a Duarte 3 años y yo llevo 17 años con 4 meses

SR. LIC. ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR
PRESIDENTE ELECTO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

EL EXGOBERNADOR MARIO VILLANUEVA RECLAMA JUSTICIA

Al exgobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE, se le dio una condena demasiado benigna, de 9 años de prisión, la cual se reducirá a 4 y medio, por el beneficio que da la ley, y en tres años estará en su casa.

Justicia y gracia para los amigos –Benito Juárez– y, la Ley, ésta no ha sido pareja conmigo, ni me han dado la justicia que merezco.

Llevo 17 años y 4 meses en 10 cárceles tanto de México, como de Estados Unidos, donde me extraditaron ilegalmente, en contra de la Constitución y del Tratado de Extradición, pues me enviaron allí para juzgarme por los mismos hechos y delitos, por los que me condenaron en México, como lo reconocieron tanto el Juez como el Gobierno de ese país

En México me tiraron a matar, me libraron 4 órdenes de aprehensión con 13 delitos. No hallaron nada contra mí en el gobierno del Estado ni en lo personal, no pudieron acusarme de corrupción, y por ello decidieron hacerme acusaciones con 25 testigos protegidos de la PGR, condenándome finalmente por dos delitos:
• Contra la salud en la modalidad de fomento (por supuesta protección a los narcotraficantes); y,
• Lavado de dinero (que supuestamente me dieron los narcos por la supuesta protección).

Con los 17 años 4 meses en la cárcel, he pagado 23 años de dos sentencias por lavado de dinero, una en México y otra en los Estados Unidos, lo que fue ilegal porque son los mismos hechos.
He cumplido 23 años por lavado de dinero, y a Duarte le dieron nueve. Al otro exgobernador Duarte, el de Chihuahua, al parecer lo han exonerado.

Mi sentencia en México fue de 28 años 8 meses 7 días, que se redujo a 22 años 7 meses 11 días al descontarme la prisión preventiva de 6 años y 26 días que pasé en la prisión de máxima seguridad de Almoloya.

Estoy compurgando esa sentencia de 22 años 7 meses y 11 días por el delito de contra la salud en la modalidad de fomento, que con mis 70 años, saldría de la cárcel después de los 90, que dudo mucho que pueda cumplir. Éste es una muestra más de la saña con que me han tratado.

La Ley Nacional de Ejecución Penal me otorga dos beneficios:

1. El de la prisión en mi domicilio por motivos de salud. En realidad estoy bastante enfermo, por eso me trajeron a Chetumal y estoy en la Clínica Independencia. Desde fines de julio pedí al Juez que autorice el traslado a mi casa y estoy en espera.

2. El otro beneficio es la libertad anticipada que se da al haber cumplido el 70 por ciento de la pena. Esto equivale a casi 16 años y ya me pasé, pues llevo 17 años y 4 meses en la cárcel.

Sin embargo, los problemas no se acaban. Mi caso lo lleva el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la ciudad de Toluca, con quien de plano me ha ido mal, pues sus resoluciones han sido negativas, contra la ley, y la verdad es que ignoro sus razones para actuar así

Después de dos años en una prisión hospital de Estados Unidos, al llegar a México me mandaron a la cárcel llamada CEFEREPSI, en el Estado de Morelos, donde supuestamente me atenderían de mis enfermedades, lo que fue imposible porque ahí no tienen médicos especialistas, ni instrumentos, ni aparatos médicos, ni área de urgencias, ni terapia intensiva, ni medicinas; y los centros hospitalarios de segundo y tercer nivel están muy lejanos.

Además de la falta de atención médica, me tuvieron aislado, segregado, incomunicado, con la prohibición de hablar con cualquier persona y permitiéndome solo una llamada telefónica, de 5 a 10 minutos cada domingo.

Le pedí a ese Juez Tercero de Toluca, el traslado a un reclusorio de la ciudad de México para ser atendido en los hospitales del Gobierno de esa Ciudad y, después de casi once meses, el 9 de octubre pasado me lo negó, ordenando “que compurgue mi pena de prisión en el CEFEREPSI, porque ahí velan por mi salud”. Fue una violación flagrante a mis derechos humanos, porque el Juez sabe perfectamente que allí no pueden atender mis enfermedades. Es sin duda una burla a mi condición de salud.

En junio de este año, por recomendación médica El Comisionado Nacional de Seguridad, por medio del Órgano Administrativo responsable de las prisiones federales, decidió trasladarme al CERESO de Chetumal para que mis pulmones y el corazón se beneficien con el clima y la altura al nivel del mar.

El Juez Tercero en Toluca calificó de ilegal mi traslado, y ordenó al Órgano que me reingresara de inmediato al CEFEREPSI, “que se ajustara a lo antes ordenado”, de que “allí debo de compurgar mi pena, porque allí velan por mi salud.” Al Juez no le asiste la razón porque el Órgano actuó basado en las facultades que le otorga la ley.

Por mi inminente traslado al CEFEREPSI, presenté una demanda de amparo ante el Juez Sexto de Distrito con sede en Chetumal, que en principio me dio la suspensión para evitar el traslado.

No obstante, el siete de septiembre pasado, el Juez Sexto me negó la suspensión y me dejó indefenso ante el traslado, porque el Juez Tercero en Toluca negó que él lo haya ordenado, lo que es una falsedad, porque existe el documento en que él ordenó al Órgano federal que me reingresen al CEFEREPSI, lo que implica que me trasladen allí.

Además, los siguientes hechos demuestran mi inocencia:

1) Mis supuestos cómplices a los que se les libró orden de aprehensión y se les llevó a la cárcel, han sido absueltos, por ser inocentes y, quienes los acusaron, son los mismos testigos protegidos que me hicieron imputaciones.

2) Desde hace cinco años una Comisión plural de Diputados del Congreso del Estado de Quintana Roo, lleva a cabo una investigación sobre los hechos ilícitos que me atribuyeron, y las pruebas recabadas demuestran que los hechos son falsos, que soy inocente.

¿Y mi libertad de expresión?
Por otra parte, me han indicado que debo permanecer callado para que me resuelvan positivamente, pero aun así, me siguen castigando con resoluciones contra la ley.
¿Por qué tengo que callarme cuando lo único que pido es que se aplique la ley, que en apego a Derecho se acabe la injusticia . . . y, ya no más el silencio de los inocentes . . .

Ni favor ni gracia, únicamente la Ley, y me voy a mi casa, se me
otorga la libertad, y se reconoce mi inocencia. Ya es tiempo de que las autoridades reconozcan los errores cometidos.

Gracias señor Presidente electo Andrés Manuel López Obrador por tomar en cuenta mi reclamo. Usted abandera la ley y la justicia, y por ello deposito en Usted mi confianza . . . y mi esperanza.

Mario Villanueva
Exgobernador de Quintana Roo.
Septiembre 27 de 2018

LA ESTAFA MAESTRA

 POR: ANIMAL POLÍTICO

Duarte resultó un principiante
El gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios

Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

Por eso está en la cárcel.

Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.

Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.

“Sí, es un fraude”: ASF

“Sí, es un fraude”, dice Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. Y los titulares de cada dependencia —agrega— son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos.

Y añade: “es un claro acto de corrupción”.

Juan Manuel Portal califica así los resultados de la investigación de Animal Político, que confirma que 11 instancias del gobierno federal dieron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con ocho universidades públicas.

La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.

Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos.

Y, sin embargo, el gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema.

La investigación de Animal Político consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas fantasma, sin registro ante la Secretaría de Economía e ilegales.

El resultado: 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados.

El auditor, al conocer esta investigación y los perfiles de las empresas que recibieron los contratos, dice que todo tiene “las características de un fraude”.

“Ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”.

“Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”.

Juan Manuel Portal es enfático: “hay que sancionar”. Ese debería ser el primer paso tras revelar este fraude.

Y añade: “que firme el titular (de las dependencias). Que ellos firmen los convenios y se responsabilicen. Porque ahorita es muy fácil: para estos contratos con las universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, éste le dice a un director general, y éste a un director, y a veces llega hasta el subdirector, que es el que firma”.

Que los secretarios de estado no argumenten que no vieron nada. En todo caso, dice el auditor, hace falta tipificar el delito de omisión en el Código Penal para que la responsabilidad judicial alcance a los titulares de las dependencias.

“(Como titular de una dependencia) Tú eres responsables de los recursos públicos que se te confiaron a ti, para eso te elegimos, y ¿cómo los cuidaste? No cumpliste”.

Los convenios entre instancias públicas están permitidos en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pero la legislación establece requisitos —como no subcontratar más del 49% o realizar una investigación de mercado—, que fueron violados en este esquema de fraude.

“Las universidades están para enseñar y para investigar, no para hacer de intermediarios. Podrían prestar servicios para los que sí tienen facultades, pero no para comprar bienes que sirven para hacer promoción de programas sociales, eso ya es otra cosa; o para la adquisición de computadoras. No existe la justificación para hacerlo”.

La revisión de las Cuentas Públicas 2013 y 2014 de la ASF confirmó que las universidades públicas firmaron convenios con las instancias de gobierno federal sabiendo que no podrían realizar los servicios.

Luego, Animal Político revisó qué ocurrió con los recursos públicos entregados a las universidades en los contratos incluidos en esos años y encontró que las instituciones educativas se quedaron con una comisión de entre el 10 y el 15% y transfirieron el resto del dinero a las empresas fantasma e ilegales, una doble violación a la ley.

Las Universidades, dice el auditor, también intentan simular su responsabilidad diciendo: “Yo lo único que hice fue contratar a quien me dijeron. Yo ni siquiera escogí las empresas”.

“Lo que ellos hicieron como instituciones de educación superior es indebido y la autoridad va a proceder con denuncias de hechos contra las instituciones”.

El gobierno contrata empresas fantasma y desvía más de 3.4 mil millones de pesos

Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el gobierno federal. “Pero si él sólo hace chambitas de plomería, mire su casa”, dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre, en Villahermosa, Tabasco.

Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad.

Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que “su empresa” ganó en contratos firmados en poco más de dos años. “Si hubiera tenido todo eso no estaría aquí”. Pero acepta que firmó unos papeles. “Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”.

La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.

El desvío de recursos lo hicieron once dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.

Las dependencias involucradas son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador electo del Estado de México— al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.

Eludir la ley

El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.

¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades —que hablaron a condición de anonimato— dicen que los funcionarios las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.

Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.

El desfile de empresas fantasma

De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.

Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.

Un primer ejemplo: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM por 4 millones 934 mil pesos. La contrataron para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.

El mismo Fondo dio en 2013 un contrato por 17 millones 578 mil pesos a la empresa Impactel S.A. de C.V., aunque ésta ya tenía una investigación abierta por la Procuraduría General de la República porque un año antes había incumplido un contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 68 millones de pesos.

Otro caso: La empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33 millones 633 mil pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.

Animal Político y MCCI visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos accionistas. Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, o Tláhuac, en la capital del país; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.

Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, según informó a Animal Político y MCCI .

Pero dos años después, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015 sigue abierta.

Campesino y trabajadores, los pretextos del fraude

Tener una casa propia es la meta natural de cualquier trabajador y nadie podría criticar que un organismo como el Fondo de Vivienda del ISSSTE simplifique los procesos burocráticos para obtener un crédito.

La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.

Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15 millones 389 mil pesos.

También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.— que son investigadas desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.

El ISSSTE dijo a Animal Político y MCCI que los servicios sí se realizaron y que “el Fondo de Vivienda recibió en tiempo y forma todos los entregables derivados de la contratación”.

“Fue la propia Universidad quien declaró expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas”. Y añadió: “no es competencia del contratante ( FOVISSSTE) ser auditor del proceso de la prestación de servicios del proveedor (U.A.E.M)”.

Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación encontró lo contrario y concluyó que no hay prueba de que la universidad o las empresas hayan dado los servicios contratados. La ASF explicó que los únicos comprobantes son documentos que “carecen de nombre y firma del personal que elaboró, verificó y aceptó los servicios”, por lo que se realizaron pagos injustificados para servicios que no se realizaron.

Y hay más casos: el programa Proagro debía servir para financiar a productores del campo. El problema es que la Secretaría de Agricultura firmó un convenio por 13 millones 77 mil pesos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que no hizo el trabajo.

Lo que sí hizo esa universidad, sin que hubiera un solo contrato de por medio, fue transferir todo el dinero a siete empresas. Una de ellas fue Comercializadora GEAR, S. A. de C. V., que reportó su domicilio fiscal en Santa María la Ribera, en donde no hay ninguna oficina, sino una casa particular. El inquilino dijo que tiene cinco años viviendo en el lugar y que está “harto” de que personas y el SAT busquen a una empresa que “nunca ha estado ahí”.

El dinero también llegó a Fortalitia, S. A. de C. V., CEO Marne México, S. A. de C. V. y Soluciones Globales Reggan, S. A. de C. V. Ninguna de las tres ha operado en la dirección fiscal que registraron, según se confirmó al visitar los domicilios. Y una más, Grupo Comercializador Cónclave S. A. de C. V., que en abril pasado fue declarada como fantasma por el SAT.

Animal Político y MCCI solicitaron a la Secretaría de Agricultura comprobantes de que los servicios se ejecutaron. Vía transparencia pública se pidieron fotografías, documentos, bases de datos o cualquier prueba sobre los servicios. La Secretaría de Agricultura, en su respuesta oficial, aceptó que no existen comprobantes del servicio.

También los analfabetas

El fraude también involucró apoyos destinados a 4 millones de analfabetas del país. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó un convenio en 2014 con la Universidad Autónoma del Estado de México por 97 millones de pesos. La contrató para desarrollar una metodología que permitiera la “ubicación de personas de 15 años o más de edad que no supieran leer y escribir un recado en español”.

De nuevo, la Universidad se declaró incapaz de hacer la totalidad del servicio y subcontrató a Estrategia Solutions, S. A. de C. V., que ganó 9 millones 558 mil pesos. Además de no estar registrada ante la Secretaría de Economía, en la visita a su domicilio fiscal en Sevilla 30, colonia Juárez, en la Ciudad de México, trabajadores del edificio confirmaron que la empresa no opera ahí, pero cada determinado tiempo acude una persona a recoger correspondencia.

Del resto del dinero —87 millones de pesos— no se sabe nada. Animal Político y MCCI solicitaron, vía transparencia, las pruebas de que el servicio se realizó, pero el INEA respondió que los únicos datos disponibles están respaldados en discos compactos con un “formato inactivo” de lectura, por lo que ya no es posible tener acceso a la información.

Una y otra vez

Los fraudes documentados por Animal Político y MCCI no siempre son iguales. Los casos más simples se resumen en dos pasos: una dependencia del gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma.

Pero hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o dos empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada.

Por ejemplo, el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, estaba al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) en 2013, cuando el organismo firmó tres convenios por 491 millones de pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México, un fideicomiso público que ofrece asesorías, outsourcing o capacitación, y cuya gestión es independiente de la Universidad.

Para hacer los servicios “de control, operación y soporte” de la red interna de Banobras, el Fondo contrató a dos empresas, una de ellas Intellego Servicios de Consultoría S.A. de C.V., que se quedó con una comisión y que a su vez contrató a cinco más. Todas, excepto una, tienen una constante: irregularidades —como que no tienen ni siquiera dirección fiscal— que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.

La única localizada, que opera de forma aparentemente legal, fue QUITZE, S. A. de C. V. Recibió 452 mil 500 pesos para realizar los servicios, es decir, el 1.18% del monto original de los convenios firmados por Banobras. Prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.

Intellego Servicios de Consultoría opera en Paseo de la Reforma 1236. Mauricio Barragán, que se identificó como consultor externo de relaciones públicas de la firma, envió por correo electrónico dos cartas en las que confirmó que la empresa subcontrató a otras para los servicios del FONDICT con Banobras.

Pero sobre la legalidad de esas compañías dijo que Intellego “no verifica el registro de sus proveedores ante la Secretaría de Economía” porque no es de su competencia, y agregó que la emisión de facturas les “da plena confirmación de la “existencia legal” de cualquier firma.

Banobras, para probar que se realizaron los servicios, entregó vía transparencia 82 hojas con informes mensuales en los que personal del Banco Nacional describen que las redes de comunicación interna funcionan, pero no se menciona nada del sobreprecio ni del destino final del dinero.

Además respondió a Animal Político y MCCI que “en el presente ejercicio fiscal no se ha suscrito contrato alguno con institución de educación superior” y que “es política de esta administración reducir al mínimo indispensable las contrataciones” usando el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que se violó en este esquema.

Alfredo del Mazo, por su parte, se negó a responder sobre las irregularidades que esta investigación confirma y que ocurrieron durante su mandato al frente de Banobras.

En palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias federales son los responsables aunque los que firman los convenios con las universidades son mandos medios de las dependencias. En el caso de Banobras, la firma estuvo a cargo del subdirector de Recursos Materiales, Luis Efrén Ramírez García; y del gerente de Servicios de Tecnologías de la Información, Gerardo Pavón Luna. Mientras que por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnología (FONDICT) de la UAEM, firmó Erick Harzaín Torres Mulhia, director general.

La estafa documentada por Animal Político y MCCI sumó 7 mil 760 millones de pesos, y fue hecha por 11 instancias del gobierno federal: el Banco Nacional de Obras (491 mdp), el Registro Agrario Nacional (447 mdp), la SEP (278 mdp), FOVISSSTE y SUPERISSSTE (249 mdp), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 mdp), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 mdp), la Secretaría de Economía (96 mdp), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 mdp) y la Secretaría de Agricultura (19 mdp).

Las dos dependencias con los mayores desvíos son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que alcanzó los 2 mil 224 millones de pesos, y Petróleos Mexicanos con 3 mil 576 millones. Esos dos casos se desarrollarán en las siguientes entregas de este reportaje.

De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3 mil 433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con mil millones más por ser parte de la estafa, sin realizar un solo servicio.

Para el fraude, los prestanombres como Francisco, el conserje de escuela, son indispensables. La empresa Maheca, S. A. de C. V., de la que era supuesto dueño, fue creada en 2010 en Villahermosa, Tabasco y en los siguientes dos años ganó 502 millones de pesos en ocho contratos con PEMEX-Producción y Exploración.

Aunque la empresa supuestamente se dedicaba a la “prestación de servicios profesionales propios de los licenciados en derecho y en informática”, fue contratada para la “asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste” de la petrolera. Tampoco hay pruebas de que haya hecho el servicio.

Como parte de la investigación, se visitaron 84 direcciones de empresas y 21 de accionistas en cinco entidades: Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Se entrevistó a un centenar de personas, entre supuestos dueños, representantes legales y vecinos de los lugares donde debían estar las empresas, pero nadie conocía la existencia de las compañías.

El equipo de investigación hizo 350 solicitudes de información a las dependencias y universidades sobre los convenios y contratos que realizaron entre ellas y con las supuestas empresas. Las respuestas sobre los comprobantes de los servicios fueron de dos tipos: que“no existe evidencia” del servicio contratado; o documentos que dicen “sí se dieron los servicios”, pero sin ningún elemento que lo pruebe.

El rastreo de cada una de las 186 empresas incluyó, además, la revisión en el Registro Público de Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, el Sistema Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores y contratistas sancionados y en los Portales de Transparencia de las dependencias.

También la relación de empresas fantasmas del SAT, donde se enlista a empresas falsas, que no reportan ingresos o que no cuentan con empleados, pero que aun así fueron contratadas por las dependencias. Y finalmente, en todos los casos, la Secretaría de Economía proporcionó un informe, donde se consigna los nombres de las empresas que ni siquiera tienen registro legal.

Cada una de las 186 empresas fueron rastreadas en 9 fuentes de información:

https://www.youtube.com/watch?v=WntFhswhHuM

Funcionarios involucrados

Así le contestó Yunes al abogado de Duarte

*Miguel Ángel Yunes Linares, en respuesta a Marco Antonio del Toro, abogado defensor de Javier Duarte.*

1.- Si Marco Antonio del Toro está preocupado por las medidas cautelares que se han impuesto a excolaboradores de Javier Duarte en Veracruz, debiera venir a defenderlos jurídicamente y no mediante boletines de prensa.

2.- En su momento espero encontrarme en los tribunales frente a del Toro, él defendiendo a uno de los individuos más corruptos de la historia y yo defendiendo los intereses del pueblo de Veracruz.

3.- Mientras me encuentro de frente con del Toro, le pido que responda estas preguntas:

¿Cuánto le paga Javier Duarte por defenderlo?

¿Cómo le paga, en efectivo, mediante transferencias o con bienes?

¿Le paga con el mismo dinero que robó a los veracruzanos?

¿Es ético defender a un individuo que llevó a Veracruz y a más de 8 millones de veracruzanos al desastre social, financiero y de seguridad más grave de la historia, en lugar de plantearle que acepte su responsabilidad y devuelva lo que se robó?

Es una desvergüenza hablar de “persecución política” frente a un pueblo que sufre en carne propia las consecuencias del saqueo.

Duarte es sinónimo de corrupción, Marco Antonio del Toro va en el mismo camino.

EN EXCLUSIVA: REVELAMOS LLAMADA ENTRE JAVIER DUARTE Y TAREK ABDALA. ENVIABAN MIL MILLONES DE PESOS EN CAJAS DE HUEVO

(xalapadirecto.com).- Un nuevo audio escándalo salió a la luz este fin de semana, donde se escucha al exgobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa reprender a su ex tesorero Tarek Abdalá Saad, por tardarse en el envío de mil millones de pesos al Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la llamada telefónica que sostienen, Abdalá Saad, señala que dicha misión le fue encomendada al excontrarlor Iván López quien debía de llevar el recurso en “cajas de huevo” a la Ciudad de México para ser entregados al CEN del tricolor.

Duarte pide a su subordinado revisar donde quedó el dinero ya que asegura, desconfía por el retraso de la entrega y pide que “no me vayan a hacer de chivo los tamales”

A continuación, la transcripción de la conversación cuya fecha de grabación se desconoce:

– Dígame mi Gober
– Oye Tarek ¿qué pasó?
– ¿con qué?
– ¿Cómo que con qué?, me están hablando del PRI nacional porque quedé de hacerles llegar los recursos, desde hace dos días y no les ha llegado nada.
– Si vi los mensajes en la mañana, pero la verdad no entendí. Estaba esperando a verte en la comida a Iván (López el excontrarlor) se le dio ese tema.
– A ver háblale a Iván, ¿Dónde está el recurso? Los mil, no es cualquier chingadera, ¡hombre!, puedo entender que se tarde, pero no que me digan que no llegó. Que sí salieron de aquí las cajas de huevo, porque si no me van a querer hacer de chivo los tamales.
– No, no, no, no, mi Gober, para nada, pues es que sí los entregamos, pues tú me dijiste que lo coordinara con Iván, entonces yo lo vi, nos reportamos con él, de hecho hace dos días junto con las cajas.
– Por eso entonces qué pasa…
– No sé, habría que checar
– Habla con el… ¡pues no estoy pintado chingao! Ahora resulta que voy a tener que buscarlo yo. Habla con él, ya le estamos echando la mano con las bodegas que estamos rentándole en el PRI.
– Si yo todo eso se lo digo, pero ahorita que indicación o con quien…
– Si pero ahorita va entrar Ricardo, y él no tiene porqué saber nada de este tema, a él déjenlo trabajar. Te encargo Tarek, que tengo la gente del nacional preguntándome qué pasó con el tema, pues. ¿dónde están los mil?, cuando los resuelvas mándame a Iván por favor.
– Cuando hable con él me encargo que lleguen los mil íntegros, ni un peso menos.

 

 

 

 

 

 

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Poeta de la favela

El rapero Duarte. Javier perrea.  Juntarse  (lo juntaron)  con las pandillas Mara salvatruchas al menos lo ha vuelto un  poeta de las favelas. Esas favelas de los gobernadores. Ya son varios en prision y detenidos en otros países que pueden hacer su Conaguito. Y por antigüedad Mario Villanueva lo presidiría. Ahí en su favela, en el silencio de la noche y con los grillos tal vez Roberto Borge salga de su ronco pecho eso que esconde y su voz de tenor rompa los barrotes o el tímpano de algún panameño. Es tiempo que salgan sus virtudes como el consejero epistolar Villanueva.

 

— Paciencia prudencia verbal contigencia dominio de ciencia presencia o ausencia según conveniencia.

De dos a ocho días Duarte estará en México

El procedimiento judicial en Guatemala contra Javier Duarte terminó e inició  el administrativo para extradición de Duarte. Por lo que en un lapso De 2 a 8 días podría arribar a México.

Se aproxima la llegada de Javier Duarte a México, este martes en su cuarta audiencia frente a las autoridades guatemaltecas, Duarte de Ochoa aceptó ser extraditado a su país para enfrentar los cargos federales que se le imputan por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

De la misma forma, el pasado 27 de Junio en su segunda audiencia, el ex gobernador de Veracruz se allanó a los cargos de los que el gobierno de Miguel Angel Yúnes lo responsabiliza y por lo cual también accedió a la extradición.

Los abogados de Duarte, del Despacho de “Velásquez y Asociados” convencidos de la inocencia de su cliente comentaron en audiencia que las acusaciones por delincuencia organizada presentan “grandes vicios legales” pues reiteran que la organizacion delincuencial con la cual vinculan a Javier Duarte nisiquiera está probada oficialmente de su existencia, de ser real, las demandas y pruebas presentadas no aseguran la participación del hoy preso ex gobernador.

A su vez, a viva voz Duarte enfatizó “He decidido allanarme con relación a los delitos federales que me imputan, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de la federación de mi país”.

Con su semblante sonriente y un tanto burlón ante la prensa, Duarte se presentó ante el Fiscal guatemalteco quien señaló que los delitos federales por los cuales se le acusa al ex mandatario son procedentes para extraditarlo a México pues ambos países conciden en las sanciones delictivas.

De probarsele los cargos, Javier Duarte pasaría 55 años en prisión. 40 por delincuencia organizada y 15 por operaciones con recurso de procedencia ilícita.

El pasado 28 de junio, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, explicó que si Duarte decidía allanarse por el caso de delitos federales, la extradición podría concretarse hasta en un plazo de una semana, para que enfrente a la justicia mexicana.

Extracto de Animal Político:

(Si se allana) estaríamos haciendo todos los trámites para su entrega inmediata”, mencionó en aquel entonces. 

Durante la tercera audiencia de Duarte en Guatemala, César Adán García, magistrado presidente del Tribunal Quinto Penal, enlistó 19 pruebas con las que las autoridades federales mexicanas acusan a Duarte, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y con las que pidieron su extradición.

Entre ellas, están los testimonios de presuntos cómplices de Duarte: Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Moisés Mansur y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad de Veracruz.

También son referidos contratos de compraventa para diversas propiedades, y escrituras públicas, en puntos como Veracruz; Valle de Bravo, en el Estado de México, Ixtapa Zihuatanejo y Campeche. En el caso de esta última entidad, se menciona la compra de 21 parcelas en el ejido de Lerma.

“No fui ejidatario, no soy ejidatario, ni pienso ser ejidatario”, mencionó Duarte en su oportunidad.

El abogado de Duarte en Guatemala, Carlos Velázquez, dijo que en ningún caso, por lo mencionado en las acusaciones federales, se ha logrado probar que Duarte encabeza una red criminal. 

En un comunicado, firmado por el bufete de abogados Velasquez & Asociados, la defensa del exgobernador de Veracruz insistió en que los cargos federales que le imputan “no resisten” un análisis jurídico serio.

“No se acredita -ni acaso se intenta probar-, la existencia de una organización supuestamente delincuencial. Mucho menos que ésta actúe de manera permanente o reiterada, requisito sine qua non del delito ilegalmente atribuido al ex Gobernador Duarte de Ochoa”, indicaron.

Con sonrisa de oreja a oreja Duarte llega a su tercera audiencia

Por Pedro Canche                                                                  Javier Duarte fue presentado hace unos momentos para su tercera audiencia para formalizar su extradición. Otra vez sorprendió a medios con su sonrisa de oreja a oreja, esa sonrisa burlona que va quedando como sello de un criminal que no se arrepiente de sus fechorías.

Con una camisa a cuadros, con la barba y cabello recortados, Duarte contestó a los medios que no tenía ningún comentario. Se le había preguntado si gozaba de privilegios.

Duarte dijo que habrá un comunicado de su equipo luego que termine la audiencia ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala que resuelve el tema de la extraditación.

 

Las deudas de sangre de Duarte

(Por:  Silvia Núñez Hernández / agnveracruz).- 

 

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Ni perdón ni olvido gritaban las integrantes de los Colectivos Solecito, de Desaparecidos de Córdoba-Orizaba, de Justicia por los Desaparecidos se plantaron en el Penal San Rafael de Matamoros en Guatemala. En el lugar, Aracely Salcedo Jiménez –madre de Fernanda Rubí desaparecida el 07 de septiembre del 2012-, Lucía de los Ángeles Díaz Henao –madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz desaparecido el 28 de junio del 2013- y Yadira González –hermana de Juan González desaparecido en el estado de Querétaro en junio del 2016-  gritaron y exigieron que el gobierno federal extradite a Javier Duarte de Ochoa en Veracruz para que les pague a los veracruzanos todo el dolor que provocó en su administración.

Luego de disfrutar una bonanza que no merecía ni él ni su cómplice mujer, Karime Macías Tubilla, ahora este ha sido olvidado hasta por su propia familia. Se cuenta que Duarte en los días que lleva preso, no ha sido visitado por nadie mucho menos por sus cómplices, que ya pusieron “tierrita” de por medio al poner sus “barbas a remojar” y no terminar con el ex mandatario.

La lista de cómplices de este delincuente es larga y en la cual se destacan servidores de gran peso. Siempre se ha hablado sobre una grabación que mantiene en su poder el ex ejecutivo estatal. Dicho material fue utilizado por Javier Duarte como salvoconducto para lograr evadir la cárcel. Hoy le sirvió para lograr que Karime Macías obtuviera protección presidencial. ¿Acaso ahora la estrategia de este sujeto es chantajear hasta al presidente de la República? La conclusión se verá a detalle derivado de su extradición. Si será cobijado en el gobierno federal o será recluido en algún penal de Veracruz. Por lo pronto, Karime Macías Tubilla, al parecer ya “voló”. Cuentan los que saben, que la vieron tomando un vuelo en el aeropuerto internacional junto con los hijos rumbo a Londres. Versión lógica,  pese a que la Procuraduría General de la República se rasgó las vestiduras y ahora hasta es vocera oficial de la señora Macías Tubilla.

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Veracruz es un verdadero caos.  La inseguridad en el estado se encuentra desatada y el gobierno del estado aún no ha logrado dar resultados en este rubro. Se ve y se siente que están rebasados. Pese a que en su campaña Yunes Linares habló de un finísimo sistema de seguridad con drones, cámaras y grupos de inteligencia provenientes de otros países para “controlar” a la delincuencia. Hoy se observa un gobernante dando tumbos en ese tenor. Operando no tan sólo con los mismos policías de Arturo Bermúdez Zurita –hoy preso en Pacho Viejo- sino también, se encuentra operando bajo el mismo esquema que tanto criticó de la administración de Duarte. Bien dicen vulgarmente que no es lo mismo ser borracho que cantinero.

Con información de la revista Proceso número 2112 con fecha del 23 de abril del 2017. El corresponsal, Noé Zavaleta en su reportaje “Sexenio de terror en Veracruz: asesinatos, desapariciones, impunidad” detalla el doloso y doloroso escenario que los veracruzanos continúan viviendo en la actualidad, todo ello por la inseguridad en el estado.

Detalla en su reportaje que a través del oficio de la FGE/UAI/722/2015 que responde a la solicitud 005353315 formulada por el semanario, advierte que en cinco de los seis años de administración de Javier Duarte, se registraron siete mil 291 muertes violentas producto de homicidios dolosos, imprudenciales, de atracción del fuero federal, ejecuciones extrajudiciales y hallazgos de cuerpos en fosas.

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La FGE advierte que en los seis años de gobierno de Javier Duarte, se localizaron 43 fosas clandestinas en diferentes municipios de Veracruz; sin contar las localizadas en Arbolillo municipio de Alvarado y las de colinas de Santa Fe en el municipio de Veracruz. El dato duro sobre estos hallazgos son 250 cráneos y 17 mil restos óseos en la fosa de Colinas de Santa Fe,  donde solo se han identificado dos víctimas: Pedro Huesca Barradas, quien era fiscal investigador especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina y el oficial secretario, Gerardo Montiel Estrada. Ambos levantados por elementos de la SSP el 15 de abril del 2013.

Un escalofriante escenario realmente de horror y no tan sólo por los desaparecidos y por asesinatos con armas. También por el desvío de recursos que Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa perpetraron en Veracruz.

Miles de muertes por negligencias médicas, por clonación de medicamento, por falta de medicinas en los centros de atención médica. Ancianos que murieron luego de que Herrera Beltrán junto con Héctor Yunes Landa robaron sus ahorros.

No hubo sector que no le haya desviado sus recursos. Empresarios que desfilaban por la Secretaría de Finanzas y Planeación exigiendo el pago de sus prestaciones y que hasta eran agredidos y sacados a la fuerza de la dependencia por las protestas que estos realizaban. Por todo esto y por la deuda con el estado, el ex mandatario deberá de cumplir su condena en las decadentes cárceles –porque el presupuesto para estas también se lo robaron Fidel y Duarte-. Tal vez, logre toparse con algún preso político o preso por fabricación de pruebas –muy usual en su gobierno-. Que pase de por vida en la cárcel es el deseo de todos los veracruzanos que se vieron lastimados y agraviados por su voraz corrupción.

P.D. Miguel Ángel Yunes Linares en un video dio a conocer que bajo un decreto, expropió la propiedad que este mantenía Javier Duarte de Ochoa en el municipio de Tlacotalpan a través de un “prestanombres”. Lo triste de este acto, es que el gobernante en turno ya decidió la suerte de este bien inmueble y como dice, es propiedad de los veracruzanos. Decidiendo mal, anunció que se lo “donará” al Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC). Una decisión que en lo personal causa molestias, cuando se esperaba que el ejecutivo estatal lo pusiera a la venta para que el dinero fuera utilizado para pagar la escandalosa deuda que tuvo a bien de reestructurar el pasado marzo. No al voluntad política para dejar de perjudicar a la población veracruzana y dejarlo en la quiebra. La esperanza por recomponer el rumbo, se desvanece cada día más. #TodoIgual

Duarte pide que karime Macías le haga visita conyugal

(Noé Zavaleta) Mientras la ex presidenta del DIF viajó a Londres, Inglaterra el jueves pasado, la dirección general del sistema penitenciario registró, por instrucción de Duarte, a Karime Macías para la llamada visita conyugal en el Duarte de Matamoros solo los martes y jueves ….

Siga leyendo aquí http://www.blog.expediente.mx/nota/24906/periodico-de-veracruz-portal-de-noticias-veracruz/habilita-javier-duarte-a-karime-macias-para-visita-conyugal-martes-y-jueves

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FOTO DEL DÍA : De la gloria a la humillación

(Denunciasmx.) Javier Duarte fue trasladado a la Torre de Tribunales en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y evitando a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos. Lanzado con fuerza por miembros de un cuerpo policial de élite de Guatemala cayó como un costal en la celda de la patrulla.

El golpe del reo 28 resonó en el vehículo listo para abandonar raudo una calle de acceso y de salida de la Torre de Tribunales, en el corazón de esta ciudad: el político mexicano acusado de presunta corrupción quedó acostado de frente a sus perseguidores de cámaras, luces y grabadoras y exhibido impotente, con las piernas abiertas en una jaula móvil.

Javier Duarte rechazó ayer, en una audiencia ante un tribunal, la opción preliminar de “allanarse” para ser extraditado a México y, con la condición de conocer primero la solicitud formal de extradición que el gobierno mexicano remitirá a Guatemala, se reservó el derecho de acogerse después a un trámite expedito para ser repatriado y sometido a la justicia de su país por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el piso 11 de la Torre de Tribunales, el ex gobernador de Veracruz dijo:

“En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría”.

“Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer [a allanarse], sino que me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal de extradición y una vez siendo evaluada por la defensoría que está a cargo de este caso, pueda determinar el que me pueda allanar, por lo cual en este momento me reservo este derecho hasta que llegue la solicitud por parte del gobierno mexicano de la solicitud de extradición”, contestó Duarte de Ochoa al ser cuestionado sobre el particular por el abogado guatemalteco César García, presidente del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

Duarte de Ochoa hizo el anuncio luego de escuchar un abultado recuento del fiscal guatemalteco José Galdámez, de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Guatemala, sobre los supuestos delitos que cometió como gobernador de Veracruz, de 2010 a 2016.