(INFOBAE).-Este miércoles, el pleno de la Cámarade Diputados aprobó considerar la extorsión como un delito de la delincuencia organizada en México: se incluyó en el catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva de oficio.
Por lo tanto, cuando un Ministerio Público presente a ciudadanos acusados de ese delito, el juez del caso ordenará su encarcelamiento con el objetivo de garantizar que esté presente en el proceso y se proteja así a las víctimas.
“El dictamen avalado por 388 votos a favor, uno en contra, y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece medidas para inhibir y sancionar con mayor severidad el delito de extorsión”, informó la Cámara de Diputados a través de un comunicado.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2018 se registraron 6,432 delitos, y en 2019 fueron 8,266, lo cual representa un aumento del 28.5 por ciento.
Las entidades federativas con mayor incidencia son el Estado de México con 2,295; la Ciudad de México, 856; Jalisco, 742; Veracruz, 518, y Nuevo León, con 509. Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó en 2018 que el delito de extorsión fue el segundo con mayor incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI (Partido Revolucionario Institucional), explicó que el delito va en aumento en el país, y que se comete con mayor frecuencia “debido a la facilidad de los delincuentes de llevarlo a cabo, y se realiza de manera directa e indirecta”. “Mencionó que la primera es cuando físicamente una persona amedrenta para obtener dinero; es decir, se presenta a cobrar derecho de piso, y la segunda, por medio de llamada telefónica”, subrayó el boletín.
Se aprobaron las reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y al Código Penal Federal durante la sesión de este 14 de octubre.
El comunicado también informó que de enero de 2019 a febrero de 2020, alrededor de 111,000 mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión, convirtiéndose en el segundo delito del fuero local más recurrente en el país. Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, los delitos de extorsión y homicidio han mantenido cifras “muy altas”.
“La extorsión se ha convertido en una de las herramientas más efectivas de las organizaciones criminales para financiarse; hoy damos un paso más con esta reforma. Sin embargo, se requiere una estrategia integral que considere otras prácticas que también han sido exitosas”, agregó Rodríguez Mier y Terán.
De acuerdo con el Banco de México, una de cada cinco empresas en el sur del país reportó haber sido víctima de extorsión; mientras que en el resto del territorio nacional alcanzó una de cada 14
Durante las intervenciones en la tribuna, diputados de los ocho grupos parlamentarios cuestionaron que el delito de extorsión se ha normalizado en México y abarca a todo tipo de actividad económica, además de atentar contra la estabilidad emocional de las personas.
El diputado Alejandro Viedma Velázquez, de Morena (Movimiento Regeneración Nacional), declaró que en México este tipo delito es común: el segundo de mayor incidencia, con 5.7 millones de extorsiones. “El dictamen tiene como principal objetivo incorporarlo como delincuencia organizada y permitirá ejecutar la medida de prisión preventiva oficiosa”, detalló el comunicado.
Por su parte, el diputado por el PAN (Partido Acción Nacional), Jorge Arturo Espadas Galván, afirmó que, para que sea competencia de la Fiscalía General de la República (FGR), el delito debe ser tratado como delincuencia organizada.
El “cobro de derecho de piso” es una de las modalidades del delito de extorsión, explicaron los diputados. De acuerdo con las declaraciones de las fiscalías, con denuncia y cifras, es cometido por bandas que pertenecen a la delincuencia organizada.
Se especifica en los dictámenes de la Comisión de Justicia que la extorsión regularmente se comete por tres o más personas a efecto de comerciantes, industriales, ganaderos, empresarios, agricultores, y ciudadanos en general, afectando directamente su seguridad y patrimonio.
Gustavo Miranda, Remberto Estrada y Pablo Bustamante
