Los pactos entre políticos y el narcotráfico no es un tema nuevo en México. Se sabe, por ejemplo, que desde hace muchas décadas cada presidente de México tiene su propio capo, su consentido sexenal.
Con autorización expresa del autor reproducimos este artículo.
Por Ricardo Ravelo
Con Miguel de la Madrid, por ejemplo, tuvo su gran etapa de esplendor Miguel Ángel Félix Gallardo, intocable en ese periodo gubernamental. Fue el sexenio del capo sinaloense, caído en desgracia en los primeros meses del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien eligió su consentido: Juan García Ábrego, jefe del cártel del Golfo, impune hasta que Ernesto Zedillo, en venganza contra Salinas, lo encarceló y desterró del territorio nacional entregándolo a la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas norteamericana.
Mediante pactos con el gobierno, García Ábrego fue intocable, imposible tocarle un pelo porque detrás de él también estaba su tío, Juan Nepomuceno Guerra, el fundador de la organización criminal, amo y señor de Tamaulipas. Capo desde su juventud, el viejo Nepomuceno Guerra era respetado por los políticos tamaulipecos y se asegura que quien quería ser gobernador de Tamaulipas primero debía pactar con el llamado padrino de la mafia. Así era en esos tiempos y así sigue siendo. Es una regla hasta ahora respetada por los mafiosos en el poder.
En los sexenios panistas el descaro fue mayor porque se hizo todavía más evidente el vínculo entre los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón con el cártel de Sinaloa y, en particular, con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, extraditado a Estados Unidos.
Fue en el gobierno de Fox cuando ocurrió la fuga espectacular de Guzmán Loera, maquinada en complicidad con el poder. Al Chapo Guzmán simplemente le abrieron la puerta para que se fuera del penal de Puente Grande. Así el cártel de Sinaloa alcanzó el más elevado nivel como una organización criminal boyante, la más poderosa del mundo.
Y todo el esplendor que tuvo ese cártel fue producto del pacto con el poder. No existe grupo criminal que alcance los más elevados niveles de crecimiento sin que detrás haya un acuerdo, la protección oficial, el pacto con gobernadores o con el propio presidente de la República. Así de simple.
Actualmente todo el mundo critica los encuentros que ha tenido Salvador Rangel Mendoza, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Guerrero, con capos de la droga. El prelado asegura que se ha reunido con los narcotraficantes para negociar la paz del pueblo, para frenar la ola de crímenes y que se pacifique el territorio.
Las acciones del obispo fueron duramente criticadas por el gobierno federal. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que la ley no se negocia y criticó los encuentros de Rangel Mendoza con los capos.
Sin embargo, cabe decir que el secretario de Gobernación tiene rezón. En teoría la ley no se negocia, pero en los hechos tampoco se aplica. Si el crimen organizado ha florecido en el gobierno de Enrique Peña Nieto es porque existen pactos entre grupos criminales y los hombres del poder. Lo grave es que esos pactos son por dinero, por negocio y no para frenar la oleada de crímenes que azota al país.
El obispo está haciendo una labor que bien podría ser parte de una política oficial –la negociación –no prevista en la ley, es cierto, pero que en muchos casos ha surtido sus efectos para bien de la sociedad. El gobierno de Peña Nieto prefiere mantener su política represiva de combate al crimen organizado, fallida por cierto, pues actualmente en México nadie puede hablar de paz social. El país está incendiado por el crimen organizado y nadie hace nada porque las autoridades son parte del problema y no quieren soluciones.
En todo el territorio nacional el crimen organizado tiene pactos con gobernadores, alcaldes, policías y cuanta autoridad les garantice impunidad en sus negocios ilegales. La policía es el brazo armado del narcotráfico, pero las corporaciones policiacas no se mandan solas: detrás de estas estructuras están sus jefes, los comandantes y más arriba los secretarios de Seguridad Pública y más arriba los procuradores y así la cadena de complicidades llega hasta los gobernadores.
En pocas palabras, toda la estructura de poder está penetrada por el crimen organizado, de ahí la ineficacia para combatirlo y para frenar las ejecuciones y matanzas que suceden todos los días en el país. Es por ello que la tarea que realiza en Guerrero el obispo Rangel es sumamente valiosa y un ejemplo para el gobierno respecto de cómo deben hacerse las cosas.
Ante esta política fallida del gobierno, bien podría incluirse en la ley la negociación como medida de combate a la inseguridad pública, como lo hace el obispo Rangel. Pero ocurre que el gobierno federal está inflamado de arrogancia. Ni combate ni negociación. Es decir, nada de nada. De ahí que el gobierno prefiera que el país siga siendo escenario de balaceras y matanzas, la guerra sin tregua.
En otros países –Italia, Colombia y Estados Unidos –existen otros mecanismos que no propiamente tienen que ver con la represión. Está la negociación con grupos criminales para hacer posible que se incorporen al carril de la legalidad y de esa forma pactan no tocar sus capitales, por ilegales que hayan sido las formas de obtenerlos.
Esta medida les ha dado resultados, aunque el gobierno de Estados Unidos, en otros tiempos, se haya opuesto a este tipo de ensayos para bajar los niveles de inseguridad pública, lo que resulta contradictorio.
En la zona de Guerrero, donde está afincada la Diócesis a cargo del obispo Salvador Rangel, operan varios cárteles de la droga, según informes oficiales. Ahí los dueños del territorio son Los Tequileros, Los Rojos, Los Ardillos, El cártel de la Sierra, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos.
El obispo Rangel, en diversas entrevistas, no dijo con qué cártel se ha reunido. Nadie considera que sus entrevistas hayan sido únicamente con un grupo, de ahí que sea posible que el prelado haya tenido reuniones con todos los grupos de narcotráfico, pese al antagonismo que priva entre ellos, pues se asegura que Rangel lleva unos dos años negociando la paz social en ese territorio. Aun no se notan sus efectos, pero como él mismo afirma, “si puedo evitar uno o dos asesinatos ya es una ganancia”.
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.
